El contexto previo al precedente: la escalada de la violencia docente antes de 2023

En los últimos años, Chile ha enfrentado una escalada silenciosa de violencia contra adultos en la comunidad escolar, especialmente dirigida a docentes, asistentes de la educación y directivos. Lo que antes se normalizaba como “falta de disciplina” o “incidentes aislados” ha ido acumulando un costo humano invisible: agresiones físicas, amenazas, hostigamiento por apoderados y una creciente sensación de desprotección. Entre octubre de 2023 y junio de 2025, el Ministerio de Educación registró 1.807 denuncias formales, una cifra que apenas refleja la punta del iceberg, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o la creencia de que “no servirá de nada”.

Detrás de cada denuncia hay un sistema que, durante décadas, ha exigido resiliencia sin ofrecer protección. Los docentes han sido formados para enseñar, no para gestionar traumas, ni para enfrentar amenazas sin respaldo. Las escuelas, por su parte, carecen de protocolos reales, recursos psicosociales o capacidades para actuar frente a situaciones críticas, lo que deja a los educadores solos frente a una crisis que trasciende el aula. El desamparo no es solo emocional: es institucional, legal y laboral. Aunque existen normas de convivencia escolar, su implementación es desigual, y la responsabilidad recae casi siempre en el docente, nunca en las estructuras que debían cuidarlo.

Este sitio nace como un acto de memoria y exigencia colectiva. No se trata solo de contar qué está pasando, sino de visibilizar la magnitud de una crisis sistémica, analizar las fallas en la respuesta del Estado y acompañar a quienes, día a día, sostienen la educación pública en condiciones de riesgo. Porque proteger a los docentes no es un lujo: es una condición indispensable para que las escuelas sigan siendo espacios de aprendizaje, no de supervivencia.